La huelga de trabajadores de Metro no debería quedarse en el malestar producido en los ciudadanos que durante esos días tuvimos dificultades para desplazarnos por la ciudad. Ni siquiera la decisión de no respetar los servicios mínimos debería dirigir las críticas contra este colectivo de trabajadores que, en todo momento, ha pretendido defender sus derechos por encima de la prepotencia de la Comunidad de Madrid.

 

 

 

Y decimos derechos, porque son derechos lo que tienen adquirido tras años y años de negociaciones, y no privilegios como desde las instancias de la Comunidad de Madrid y sus voceros, en prácticamente todos los medios de comunicación, tratan de convencer a la población. Unos derechos que deberían ser universales a todos los trabajadores y que por ello se diferencian de los privilegios de los que gozan ciertos personajes que tratan de mantener por encima de todo su situación privilegiada. Esa es la diferencia. Una diferencia que viene marcada por la defensa de un convenio colectivo, firmado hace escasamente un año, y que ahora el gobierno de Esperanza Agui­rre trata de romper. Una vez más, con el pretexto de la crisis económica, se trata de vulnerar la legalidad vigente por parte de la administración au­tónoma.
Que mejor para ello que, de paso, criminalizar a los propios trabajadores a quienes se había impuesto unos servicios mínimos del 50%. Con ese porcentaje para cumplir los servicios mínimos el derecho de huelga queda en agua de borrajas. Pero, ¡cuidado!, la derecha ya ha aprovechado para abrir el debate de la necesidad de renovar una ley franquista. No nos cabe duda de que es necesario revisar esa ley pero en manos del Partido Popular no nos cabe ninguna duda de que será para restringir todavía más el derecho que los trabajadores tenemos frente a los abusos de la patronal.
La patronal, en este caso el gobierno del Comunidad de Madrid, es el verdadero responsable de la falta de servicio de transporte público en Ma­drid y el primero que ha im­puesto el salvajismo al querer romper un convenio colectivo que amparaba a los trabajadores de Metro. Parece claro que, ante una situación de tormenta, a todos nos conviene contar con un buen pararrayos y los convenios colectivos ejercen, precisamente, esa función. Es absurdo, desde todos los puntos de vista, querer culpar a los trabajadores con derechos de la crisis económica, como es absurdo querer culpar a los pararrayos de las tormentas. Todos conocemos quienes han sido los provocadores de estas tormentas y de la impunidad de la que gozan. Esos son los verdaderos privilegiados y a quien ningún editorial ni tertuliano de los medios de co­municación señala.
Debemos aprender la lección que están protagonizando los trabajadores de Metro, aunque como vecinos y usuarios debamos aguantar retrasos o la falta de servicio. La cuestión de fondo es que el gobierno de la Comunidad de Madrid quiere aplicar una rebaja salarial, y de paso la ruptura de su convenio, a unos trabajadores excluidos del Real Decreto que rebajaba los salarios a los funcionarios. Permitir ese desmán y entrar al trapo de las provocaciones para culpar a los trabajadores del caos que ha vivido Madrid significará admitir que en cualquier otra empresa, quizá la de cualquier vecino, pueda hacer lo mismo. Que los trabajadores de Metro salgan airosos de este envite tiene un significado muy importante para futuras negociaciones en las que las condiciones de trabajo de muchos vecinos puedan estar en entredicho. Su triunfo será el triunfo de todos; las incomodidades que nos crean al resto es algo inevitable, co­mo en el ejercicio de cualquier huelga, que pone de relieve la importancia de la solidaridad entre quienes verdaderamente sufrimos la crisis económica frente a quienes la han provocado y a quienes pretenden exculparlos.