Una empresa se llevará 10 millones de euros al año mientras el actual sistema cuesta 8,2 millones

 

La Consejería de Sanidad ha sacado a concurso la gestión integral de la cita previa en el ámbito de la atención Primaria de la Comunidad y también se privatiza la citación de Atención Primaria con la Especializada.

Sanidad unifica en una centralita, todas las peticiones de cita con el médico de familia, pediatra y enfermera que se producen en la red de centros de salud de la región y que, en 2008, fueron más de 50 millones. Lo hará a través de una empresa, a la que pagará 40 millones de euros en cuatro años, según la convocatoria de licitación. La firma que gane el concurso contratará a sus propios operadores, que inicialmente serán unos 300, y se encargará de formarlos.


Oposición sindical
La Federación de Servicios de UGT Madrid (FSP-UGT Madrid) declaró el 30 de enero que el Gobierno de Esperanza Aguirre "derrochará" un total de 40 millones de euros con la privatización del servicio de citas médicas que quiere acometer.
La privatización de la citación previa, aseguró UGT, costará más dinero a las arcas públicas de lo que vale ahora el servicio de citas médicas, prestado por personal administrativo "cualificado y suficiente" para ello.
Así, concretó el sindicato, los 420 trabajadores que se encargan ahora de este servicio cobran anualmente 8,2 millones de euros, mientras que el total anual que la Comunidad de Madrid piensa pagar por la privatización del servicio es de diez millones (40 en cuatro años).
Por todo esto, FSP-UGT Madrid exige al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que "paralice el procedimiento administrativo y evite el derroche de 40 millones de euros de los madrileños para que el servicio lo siga gestionando la propia Consejería".
Por su parte CCOO manifestó el pasado 31 de enero su más absoluto rechazo a la privatización de las citas previas en la Atentión Primaria de la Comunidad de Madrid. Denunció que no se haya informado previamente a las organizaciones sindicales más representativas del sector y que «poner a disposición de la empresa adjudicataria el registro de solicitud de citas, el sistema MULTI-CITA (que unifica el acceso a las agendas de los hospitales) y el acceso a la red del SERMAS, pone en riesgo la confidencialidad de los datos de los usuarios». CCOO anunció que «convocará movilizaciones si esta privatización conlleva la pérdida de puestos de trabajo en la sanidad pública madrileña».

De los 55 Centros de Atención Primaria prometidos por Esperanza Aguirre para la legislatura 2007-2011, sólo 17 estarán finalizados o en fase de construcción. En realidad alguno de ellos no es nuevo sino que son reformas o cambio de ubicación.
Su apertura se ha hecho con el traslado de profesionales sin creación real de empleo a pesar de que el Plan de Mejora de Atención Primaria contemplaba 15 millones de euros para este fin.
El resto de los centros, dos tercios de los prometidos, es decir 38, y entre los que se encuentra el de Valderrivas, no cuentan con ninguna partida presupuestaria para 2010, con lo que se puede dar por descartada su construcción salvo en los dos casos en los que los vecinos han luchado en la calle por ellos y han arrancado el compromiso de su inmediata construcción: Aluche y Carabanchel Alto.

Distrito 19
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid anunció el pasado 25 de enero que las personas dependientes de esta comunidad podrán elegir antes del verano la residencia concertada que de-seen gracias a un «cheque» o «tarjeta monedero» cargada con dinero procedente de la administración autonómica.

El dependiente recibirá en su tarjeta el dinero que le corresponda en función de su grado de Dependencia con el fin de poder afrontar los costes de la residencia concertada que elija. En el caso de que el centro le cueste más que la asignación de la tarjeta, será el propio dependiente quien ponga la diferencia.
El sindicato CCOO ha calificado la medida como «manipuladora» ya que lo que se ofrece a los dependientes no es una residencia sino que «les va a dar un cheque y que se busquen la vida, y si les falta dinero que lo pongan de su bolsillo». Alegan que lo que en la Ley de Dependencia es una excepción para algunos casos determinados en los que la Administración no pueda garantizar el servicio solicitado, se convierte en norma que beneficia más a las empresas que a los usuarios.
Para UGT la «tarjeta-monedero» fomenta el despilfarro, discrimina a las personas según su renta y fomenta la desigualdad entre los ciudadanos con menos ingresos. «Solo aquellas personas dependientes que puedan costear el precio de la residencia concertada (privada), que se ve reforzada frente a la pública, serán beneficiarios de este derecho». «Es la cofinanciación entre usuario y Administración de un servicio que se delega en una empresa». «Aquellas personas que no puedan pagar la diferencia entre el coste de la residencia y la cantidad adelantada por la Administración ser verán privados del disfrute de este derecho». El sindicato exige la retirada inmediata de esta «privatización encubierta del sistema de dependencia».
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de servicios sociales hicieron público un estudio a finales de enero según el cual «mas de 250.000 españoles en situación de dependencia son víctimas de una contención de expedientes que les impide recibir la ayuda o prestación a la que tienen derecho».
Esto implica una espera «excesiva, abusiva y sin explicación posible que va desde los 12 a los 18 meses». El mismo informe de los expertos destaca que Madrid «está ofreciendo una cobertura ridícula», acusando al Gobierno de Esperanza Aguirre de «falsear datos, y de falta de voluntad política para aplicar la Ley como demuestra que «sólo un 0,4% de la población está siendo atendida cuando la media nacional está en el 1,04%». El estudio tilda esta situación de «indefendible y deleznable».
Según CCOO, Madrid es la última comunidad en la implantación de la Ley de Dependencia y apenas llega a un tercio de la media nacional. Respecto a la lista de espera en Madrid cerca del 50% de los dependientes que ya tienen reconocido el derecho no han recibido la prestación, frente a un 38% de media nacional.
El sindicato acusa al ejecutivo madrileño de «burlar la Ley» a través del silencio administrativo, método que ha rechazado expresamente el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid.
También se «burla la Ley» a través de la división del proceso de adjudicación de las prestaciones en dos procedimientos diferenciados (valoración y determinación de la prestación) que se pueden alargar, cada uno de ellos, en 6 meses.
Ante esta situación, a finales de enero se reunió el Consejo Territorial de Dependencia en el que se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y todas las comunidades autónomas, «por el que se comprometen a dictaminar las prestaciones de dependencia en el plazo de 6 meses y de 30 días en el caso de niños de 3 meses».
Teniendo en cuenta que el mismo día que se alcanza este acuerdo el Gobierno Aguirre anuncia su invento de la «tarjeta-monedero» son muchos los que dudan de su voluntad para llevarlo a cabo y más los que temen el nuevo atajo que este gobierno buscará para beneficiar a las empresas privadas relegando el derecho de los afectados a un último plano.

Los Presupuestos de Sanidad son negativos por primera vez:
¿Dónde van a parar?

Plataforma en Defensa de la Sanidad pública del Área 1
El proceso de desmantelamiento de la Sanidad Pública por parte de la señora Aguirre continúa. Los presupuestos de éste año en Sanidad se reduce en un 0,7%. Una cifra que representa a los Presupuestos son los 47 millones de euros menos destinados a los Centros de Salud, el primer centro sanitario a los que solemos acudir cuando nos encontramos enfermos.
Así, estos presupuestos  supone que el gasto por habitante es el segundo más bajo de todo el Estado.

A pesar del recorte, la cantidad destinada a la privatización aumenta al 23,2% del total del gasto público en Sanidad. El 23,20% del total se destinará, por tanto, a los créditos realizados a empresas y gestión privada de centros, transferencias de capital a empresas privadas, gasto en asistencia sanitaria con medios ajenos y pago del canon por hospitales privados. Es decir, destinarán casi 1.650 millones al pago al sector privado.
La privatización en la Sanidad madrileña avanza a buen ritmo, mientras se va deteriorando la sanidad pública y ahogando su financiación para ir desprestigiándola cada día más.
Una comparación esclarecedora del rodillo privatizador de la señora Aguirre es que el gasto asignado a los hospitales públicos apenas sube un 1,55%, mientras el pago del canon para los privados alcanza en el 15,13%. Los créditos destinados a pagar el canon de los hospitales privados y para cubrir las “externalizaciones” (privatizaciones), alcanza la cifra de 1.646.473.735 E. Esta cifra es mayor que el presupuesto total de Consejerías como la de Economía y Hacienda, Vivienda, Cultura, Deportes, y Empleo.
Así, la reducción en un 0.7% del Presupuesto, supondrá una reducción de 47 millones en Centros de Salud, y de 22 millones en Atención Especializada, ya que se destina buena parte del presupuesto a pagar los cánones de los nuevos hospitales privados y concertados. Esto supone una reducción de más de 1.500 trabajadores sanitarios y no sanitarios en Hospitales y Centros de Salud, con lo que la carga de trabajo a los actuales profesionales se incrementará, obteniendo así un peor servicio. A eso hay que sumarle la no construcción de hospitales públicos y no construcción de  los 38 Centros de Salud prometidos, así como reducción del presupuesto de Salud Mental.
Por tanto, la reducción del presupuesto en Sanidad por parte del Gobierno de la Señora Aguirre va a suponer, irremediablemente, un deterioro brutal de la calidad, un deterioro en la situación laboral de los profesionales sanitarios, y un desprestigio de la propia Sanidad pública en beneficio de los de siempre, los amigos de la Presidenta.
Por todo ello, desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad -Área 1- exigimos la derogación de la Ley 15/97, que es la que permite que el proceso privatizador de la Sanidad continúe, así como un aumento del Presupuesto Sanitario para la mejora de este servicio público que a todos nos afecta.
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